Paz energética: la crisis de Air-e exige una solución estructural para el Caribe

Bogotá D.C., 25 de agosto de 2026. La crisis energética de la Costa Caribe volvió al centro del debate nacional por cuenta de la compleja situación financiera de Air-e, la necesidad de definir una ruta energética regional y la urgencia de evitar que el problema empresarial se convierta en un riesgo sistémico para todo el mercado eléctrico.

En su columna publicada en La República, el exfiscal general Francisco Barbosa plantea que el país necesita una verdadera paz energética para la región Caribe. El concepto apunta a algo más profundo que una solución temporal de caja: requiere ordenar cuentas, definir responsabilidades, garantizar pagos a generadores, reducir pérdidas, invertir en redes y establecer quién prestará el servicio en el futuro.

El análisis se da en un contexto marcado por las consecuencias del terremoto, el inicio de un nuevo gobierno, la recuperación de la institucionalidad y las dificultades históricas del servicio eléctrico en la Costa Caribe.

Barbosa recuerda que la semana anterior se convocó, a instancias de la Procuraduría General, a diferentes sectores para definir una ruta energética, una discusión que considera de atención inmediata.

Air-e atiende cerca de 1,3 millones de usuarios

La situación de Air-e es especialmente sensible porque la empresa atiende cerca de 1,3 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

De acuerdo con la columna, la compañía acumula obligaciones por varios billones de pesos, lo que convierte su crisis en un problema que supera los balances internos de una empresa.

Sus efectos pueden alcanzar a generadores, proveedores y usuarios, especialmente si la falta de liquidez impide que los recursos circulen por la cadena eléctrica.

El riesgo de un “apagón financiero”

Barbosa retoma la expresión “apagón financiero” para describir el riesgo que enfrenta el sistema.

Según el análisis, para que existan problemas de suministro no es indispensable que se sequen los embalses. También puede haber riesgo si las comercializadoras pierden capacidad de pago, los generadores dejan de recibir sus recursos, los subsidios se retrasan, las entidades públicas acumulan facturas y la inversión necesaria para sostener el sistema empieza a detenerse.

Esta lectura coincide con las alertas recientes de generadores y gremios eléctricos, que han advertido que la falta de pagos puede afectar capital de trabajo, compra de combustibles, disponibilidad térmica e inversiones de mantenimiento.

Una historia repetida en la Costa Caribe

La Costa Caribe conoce de cerca este tipo de crisis. La región ha enfrentado durante décadas tarifas elevadas, pérdidas de energía, redes insuficientes y diferentes fórmulas empresariales que no han logrado resolver de manera definitiva la prestación del servicio.

Tras la liquidación de Electricaribe, surgieron Air-e y Afinia como operadores para atender el mercado regional. Sin embargo, millones de habitantes de la Costa siguen esperando un modelo sostenible.

Para Barbosa, el problema no se supera simplemente reemplazando empresas o entregando recursos de emergencia. La región necesita una solución estructural que cierre el ciclo de crisis recurrentes.

No basta conseguir dinero para la próxima crisis

Uno de los planteamientos centrales de la columna es que la respuesta no puede limitarse a conseguir dinero para atravesar la próxima emergencia.

El país necesita ordenar las cuentas: saber cuánto se debe, establecer quién debe pagar, asegurar que los recursos lleguen a los generadores y determinar cuáles inversiones son indispensables para sostener el sistema.

También se requiere que el Gobierno atienda oportunamente sus obligaciones, que las entidades públicas paguen la energía que consumen y que las empresas mejoren su administración y recuperen cartera.

Libro de la Verdad incluyó el caso Air-e

Barbosa señala que el llamado Libro de la Verdad, entregado esta semana por el nuevo Gobierno a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, incluyó el caso de Air-e entre las situaciones que deben ser examinadas.

Según el documento citado en la columna, la empresa habría pasado de tener un patrimonio superior a $2,2 billones en 2023 a un patrimonio negativo en 2025.

También se mencionan pérdidas acumuladas cercanas a $2,6 billones e interrogantes sobre deterioros contables y sobre la información disponible para las auditorías.

La columna aclara que estos señalamientos deberán ser verificados por las autoridades competentes.

Air-e está intervenida desde septiembre de 2024

El caso adquiere mayor relevancia porque Air-e está intervenida por el Estado desde septiembre de 2024.

Por eso, Barbosa plantea que no basta con describir la crisis ni con encontrar nuevos recursos para cubrirla. Colombia debe conocer qué ocurrió antes de la intervención y qué pasó después.

Esto implica revisar cómo evolucionaron las cuentas, qué decisiones se tomaron, qué controles se aplicaron y quién debe responder por los resultados.

Liquidez para evitar contagio al sistema

La salida, según el análisis, exige decisiones simultáneas. La primera es garantizar liquidez para evitar que la crisis de Air-e contagie al sistema eléctrico.

Si los generadores no reciben pagos oportunos, pueden enfrentar dificultades para comprar combustibles, ejecutar mantenimientos o respaldar la generación en momentos críticos.

La falta de liquidez también puede afectar a proveedores, contratistas, comercializadores y otros agentes que dependen del flujo de recursos del mercado.

Pago a generadores y recuperación de cartera

Otro componente esencial es acordar el pago a los generadores y recuperar cartera.

La crisis de Air-e no se resolverá si la deuda sigue creciendo o si los recursos no llegan a quienes suministran la energía que se consume en la región.

A la vez, las empresas deben fortalecer sus mecanismos de recaudo y gestión comercial para reducir pérdidas financieras y mejorar sostenibilidad.

Reducir pérdidas e invertir en redes

La reducción de pérdidas de energía es otro punto clave. En la Costa Caribe, las pérdidas han sido históricamente uno de los factores que deterioran las finanzas de los operadores y presionan las tarifas.

Para avanzar hacia una solución real, se necesitan inversiones en redes, medición, control, mantenimiento, expansión y modernización de infraestructura.

Una empresa sin capacidad de inversión difícilmente podrá mejorar calidad del servicio, reducir pérdidas y responder a la demanda de los usuarios.

El punto fundamental: quién prestará el servicio

Barbosa sostiene que lo fundamental es definir quién prestará el servicio en el futuro.

El Caribe no puede pasar indefinidamente de una emergencia empresarial a otra. Se necesita un operador sólido, capaz de atraer inversión, con reglas claras y vigilancia rigurosa.

Cualquier apoyo con recursos públicos debe conducir a una solución definitiva y no a otro salvamento temporal que simplemente postergue el problema.

Reglas claras y vigilancia rigurosa

La columna insiste en que el futuro operador debe trabajar bajo reglas claras y vigilancia rigurosa.

Esto implica transparencia financiera, controles efectivos, supervisión técnica, cumplimiento de inversiones, gestión comercial responsable y rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos.

La experiencia de Electricaribe, Air-e y Afinia demuestra que los cambios empresariales no bastan si no están acompañados por un modelo regulatorio, financiero y operativo sostenible.

La paradoja energética del Caribe

La Costa Caribe vive una paradoja evidente: tiene uno de los mayores potenciales solares y eólicos del continente, pero al mismo tiempo padece un servicio eléctrico precario.

Esta contradicción muestra que la transición energética no puede quedarse en discursos sobre generación renovable. Debe traducirse en energía confiable, inversión, redes robustas, mejor servicio y desarrollo regional.

La región podría ser protagonista de la transición energética del país, pero para lograrlo necesita resolver primero la sostenibilidad de la prestación del servicio eléctrico.

Transición energética con confiabilidad

El análisis plantea que la transición energética debe estar ligada a confiabilidad, no solo a anuncios o potencial de recursos.

Contar con radiación solar y vientos favorables no garantiza por sí solo un servicio eléctrico estable. Se necesitan redes, inversión, operadores sólidos, planeación, recaudo, pagos oportunos y reglas que permitan sostener el sistema.

Sin una solución financiera e institucional, incluso una región con alto potencial renovable puede seguir enfrentando interrupciones, mala calidad del servicio y tarifas elevadas.

Seguridad y energía, dos urgencias del Caribe

Barbosa también menciona que la Costa Caribe mantiene dos preocupaciones que no admiten espera: la situación energética y la seguridad.

Aunque la columna se centra en la crisis eléctrica, el señalamiento muestra que el desarrollo regional requiere condiciones integrales: servicios públicos confiables, seguridad, inversión, institucionalidad y capacidad de respuesta del Estado.

La energía es un habilitador de actividad productiva, comercio, turismo, industria, empleo y bienestar. Por eso, una crisis prolongada en el servicio eléctrico puede tener efectos sociales y económicos más amplios.

Un llamado a responsabilidad institucional

La columna también hace un llamado a la responsabilidad institucional.

El Gobierno debe cumplir sus obligaciones; las entidades públicas deben pagar la energía que consumen; los organismos de control deben verificar las alertas; y las empresas deben mejorar administración, recaudo y cartera.

La paz energética del Caribe depende de que cada actor asuma su parte y de que las soluciones no se limiten a cubrir huecos financieros sin corregir las causas estructurales.

Qué debería incluir una solución definitiva

Una salida estructural para Air-e y el Caribe debería incluir un diagnóstico financiero completo, verificación de responsabilidades, plan de pagos a generadores, recuperación de cartera, reducción de pérdidas, inversión en redes y definición de un operador sólido.

También debería incorporar vigilancia permanente, transparencia en el uso de recursos públicos, metas de calidad del servicio y una estrategia para conectar el potencial renovable regional con beneficios reales para usuarios.

Sin estos elementos, cualquier apoyo podría terminar convertido en un nuevo salvamento temporal, sin resolver el problema de fondo.

La paz energética que plantea Francisco Barbosa exige resolver la crisis de Air-e con medidas simultáneas y estructurales: liquidez para evitar contagio al sistema, pago a generadores, recuperación de cartera, reducción de pérdidas, inversión en redes y definición de un operador sólido para el futuro. La Costa Caribe no puede seguir atrapada entre crisis empresariales sucesivas mientras posee uno de los mayores potenciales solares y eólicos del continente. La transición energética debe traducirse en servicio confiable, inversión y desarrollo para la región.