Gobierno busca trasladar $1,2 billones del Presupuesto 2026 para atender el sistema eléctrico del Caribe

Bogotá D.C., septiembre de 2026. El Gobierno llevó al Congreso una nueva medida financiera para enfrentar las dificultades que atraviesa el sistema eléctrico de la Costa Caribe y reducir el riesgo de que los problemas de liquidez terminen afectando la disponibilidad de generación durante el Fenómeno de El Niño.

A través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue radicado con mensaje de urgencia el proyecto de ley 401 de 2026, que propone trasladar $1,2 billones dentro del Presupuesto General de la Nación vigente.

La iniciativa no plantea aumentar en esa cuantía el tamaño total del Presupuesto de 2026. En cambio, busca mover apropiaciones disponibles desde determinadas partidas hacia el mecanismo que permitirá atender obligaciones pendientes del sector eléctrico.

El proyecto deberá ser aprobado por el Congreso de la República antes de que los recursos puedan ser utilizados bajo el esquema propuesto.

Proyecto movilizaría $1,2 billones ya incluidos en el presupuesto

La principal característica de la iniciativa es que se trata de un traslado presupuestal y no de una nueva adición por $1,2 billones.

Esto significa que los recursos ya hacen parte del Presupuesto General de la Nación de 2026, pero se encuentran asignados actualmente a otros rubros.

Para efectuar la operación, el proyecto contempla realizar contracréditos sobre partidas disponibles y trasladar posteriormente esos recursos hacia la entidad encargada de administrarlos para el sector eléctrico.

De esta manera, el gasto total autorizado para la vigencia no aumentaría como consecuencia específica de este traslado.

$750.000 millones saldrían del Ministerio de Hacienda

De los $1,2 billones solicitados, aproximadamente $750.000 millones provendrían de apropiaciones de inversión del Ministerio de Hacienda.

Los recursos están relacionados con programas intersubsectoriales vinculados al transporte público y serían reducidos para permitir su reasignación.

Este sería el componente más grande del traslado presupuestal propuesto por el Gobierno.

Otros $450.000 millones vendrían de MinEnergía

Los $450.000 millones restantes provendrían del Ministerio de Minas y Energía.

Según la información conocida sobre el proyecto, estos recursos saldrían de apropiaciones relacionadas con la consolidación productiva del sector eléctrico.

El Gobierno sostiene que la reasignación puede realizarse teniendo en cuenta las proyecciones presupuestales para lo que resta de la vigencia.

La iniciativa busca concentrar esos recursos en una necesidad considerada más inmediata: garantizar liquidez en la cadena de pagos del mercado eléctrico.

Superservicios administraría los recursos

El dinero sería trasladado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que actuaría como ordenadora del gasto a través del Fondo Empresarial.

Este fondo es uno de los mecanismos utilizados por el Estado para administrar recursos destinados a empresas de servicios públicos sometidas a procesos de intervención o toma de posesión.

El objetivo de utilizar esta estructura es que los recursos tengan un destino específico y puedan utilizarse para atender obligaciones reconocidas dentro del mercado eléctrico.

El dinero no sería de libre disposición para Air-e

Uno de los puntos centrales del proyecto es que los $1,2 billones no entrarían como recursos de libre utilización para Air-e.

Su destino estaría restringido al pago de obligaciones energéticas reconocidas con agentes del Mercado de Energía Mayorista.

Esto permitiría que el Fondo Empresarial realice pagos directamente a los acreedores correspondientes, entre ellos los generadores de energía.

El mecanismo busca reducir el riesgo de que los recursos sean destinados a gastos diferentes de las obligaciones consideradas prioritarias para mantener la continuidad del suministro.

Generadores térmicos están entre los principales acreedores

La medida adquiere relevancia porque los generadores térmicos se encuentran entre los agentes más importantes dentro de la actual coyuntura.

Estas plantas son necesarias cuando disminuye la disponibilidad de agua en los embalses y el sistema necesita reemplazar parte de la generación hidroeléctrica.

Sin embargo, operar una central térmica requiere recursos para adquirir gas, carbón o combustibles líquidos, además de cubrir transporte, mantenimiento y demás gastos operativos.

Una cadena de pagos deteriorada puede reducir la capacidad financiera de los generadores precisamente cuando el sistema necesita que operen durante periodos prolongados.

Air-e concentra buena parte del problema de liquidez

La iniciativa está estrechamente relacionada con la situación de Air-e, comercializadora intervenida desde septiembre de 2024 y encargada del servicio eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La compañía acumula obligaciones significativas con generadores y otros agentes del mercado, una situación que ha incrementado la presión financiera sobre la cadena eléctrica.

El Gobierno ha señalado que el problema ya no debe analizarse únicamente como una dificultad empresarial o regional, debido a que los incumplimientos pueden trasladar riesgos hacia otros participantes del sistema.

Hacienda aclara que la medida no busca “salvar” a Air-e

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha señalado que el traslado presupuestal está diseñado para atender temporalmente obligaciones de la compañía y proteger el funcionamiento del mercado eléctrico.

La posición oficial es que los recursos no constituyen una solución definitiva a la situación financiera de Air-e.

En cambio, buscan contener un problema inmediato mientras se construyen alternativas estructurales para la prestación del servicio en el Caribe.

Proyecto completa paquete anunciado por $1,5 billones

Los $1,2 billones hacen parte de una estrategia financiera anunciada previamente por el Gobierno.

El 24 de agosto de 2026, los ministerios de Hacienda y Minas y Energía anunciaron un paquete total de $1,5 billones para proteger la continuidad del servicio durante lo que resta del año.

Según el Gobierno, estos recursos están orientados principalmente a reducir las presiones de liquidez que afectan la cadena de pagos y permitir que las plantas térmicas cuenten con recursos para garantizar combustible.

De ese paquete, los primeros $300.000 millones ya fueron girados, por lo que el traslado propuesto permitiría completar el monto anunciado.

El Niño aumenta la urgencia financiera

El traslado presupuestal ocurre en medio de un escenario climático más exigente para Colombia.

El Fenómeno de El Niño 2026-2027 ha reducido los aportes de agua que alimentan los principales embalses de generación.

Según cifras oficiales utilizadas por el Gobierno, durante mayo y junio los aportes hídricos estuvieron alrededor del 76% del promedio histórico y en julio se ubicaron cerca del 80%.

Una menor hidrología obliga al sistema a administrar con mayor cuidado las reservas y aumentar progresivamente el respaldo térmico.

Más generación térmica significa mayores necesidades de caja

A diferencia de las centrales hidroeléctricas, las plantas térmicas necesitan adquirir continuamente combustibles para operar.

Una mayor utilización de estas centrales durante varios meses eleva significativamente sus requerimientos de capital de trabajo.

Si al mismo tiempo existen obligaciones pendientes dentro del mercado, los generadores pueden enfrentar dificultades para financiar nuevas compras de combustible.

Por eso, el Gobierno vincula directamente el traslado presupuestal con la seguridad energética durante El Niño.

El traslado sería una solución temporal

El propio Ministerio de Hacienda reconoce que movilizar $1,2 billones no resuelve las causas estructurales del problema.

El ministro Gómez Martínez describió la medida como una respuesta de corto plazo necesaria para mantener la irrigación de recursos mientras persiste la actual coyuntura.

Esto significa que el sector seguirá necesitando medidas relacionadas con contratación, tarifas, recaudo, pérdidas de energía, inversiones y gobernanza empresarial.

Apoyo público al sistema Caribe acumula varios billones

El Gobierno también ha señalado que la atención del servicio eléctrico en el Caribe ha requerido importantes recursos públicos durante los últimos años.

Según los cálculos expuestos por Hacienda, entre créditos de tesorería para el Fondo Empresarial, garantías de la Nación y la asunción de compromisos relacionados con el antiguo sistema de Electricaribe, el apoyo entregado desde 2020 asciende a aproximadamente $7,5 billones.

El Ministerio estima que ese monto sería cercano a $11 billones a valor presente.

Estas cifras forman parte de la argumentación del Gobierno para señalar que se requiere una solución estructural y no únicamente nuevas transferencias periódicas.

Contratos de largo plazo aparecen como alternativa

Entre las soluciones estructurales planteadas se encuentra fortalecer los contratos de energía de largo plazo.

Estos mecanismos permiten que una comercializadora asegure previamente parte de la electricidad que necesitará para atender a sus usuarios.

De esta manera puede reducir su exposición al precio diario de bolsa, que suele aumentar durante periodos de sequía y mayor generación térmica.

En el caso de empresas con dificultades financieras, el reto también consiste en recuperar suficiente confianza para conseguir contratos bajo condiciones sostenibles.

Gobierno plantea reducir exposición al mercado de bolsa

La volatilidad del mercado spot es uno de los factores que puede trasladarse rápidamente hacia las tarifas.

Cuando una comercializadora tiene una elevada proporción de su demanda sin contratar, debe comprar energía a los precios vigentes en la bolsa.

Durante El Niño esos precios pueden subir debido al mayor despacho térmico y a la necesidad de preservar agua.

Una estrategia de mayor contratación busca dar previsibilidad tanto a las empresas como a los usuarios.

Modernización de redes también hace parte de la discusión

El problema financiero del Caribe está acompañado por necesidades de inversión en infraestructura.

Redes, subestaciones, transformadores y sistemas de medición requieren inversiones permanentes para reducir pérdidas y mejorar la calidad del servicio.

Hacienda ha planteado evaluar el uso de recursos de regalías para apoyar una modernización integral de las redes eléctricas de la región.

Esta posibilidad requeriría definir mecanismos jurídicos y financieros específicos antes de su implementación.

Reducir pérdidas es parte de una solución estructural

Las elevadas pérdidas de energía en algunas zonas del Caribe representan otro desafío económico.

Una comercializadora debe pagar por la energía que recibe del mercado aunque una parte posteriormente no pueda ser facturada o recaudada correctamente.

Fraude, conexiones ilegales, infraestructura deficiente y pérdidas técnicas incrementan esta diferencia.

Reducirlas puede mejorar los ingresos y disminuir parte de la presión financiera sin depender exclusivamente de transferencias públicas.

Gobierno también revisa la estructura tarifaria

Otra línea de discusión es la forma en que se calculan y trasladan los costos del servicio.

El Gobierno ha señalado que buscará alternativas para construir un esquema sostenible para todas las regiones del país.

Cualquier modificación deberá equilibrar la capacidad de pago de los usuarios con los ingresos necesarios para financiar generación, redes, operación y mantenimiento.

Subsidios se manejan por una vía diferente

El paquete de liquidez para las térmicas es adicional a los recursos destinados a cubrir subsidios de energía y gas para los hogares beneficiarios.

Hacienda aseguró que continuaba realizando los giros correspondientes durante el tercer trimestre de 2026.

La distinción es importante porque el proyecto de traslado busca atender principalmente obligaciones dentro de la cadena eléctrica y no sustituir directamente el esquema de subsidios tarifarios.

El Fondo Empresarial tendrá un papel central

Si el Congreso aprueba la iniciativa, el Fondo Empresarial será el canal financiero que permitirá dirigir los recursos hacia las obligaciones priorizadas.

Los pagos se realizarían de acuerdo con las obligaciones reconocidas dentro del Mercado de Energía Mayorista.

La estructura busca mantener trazabilidad sobre el dinero y evitar que la transferencia se convierta simplemente en una entrega general de recursos a la empresa intervenida.

Air-e es un problema regional con consecuencias nacionales

Aunque la compañía presta el servicio principalmente en tres departamentos del Caribe, sus obligaciones involucran empresas que participan en todo el sistema colombiano.

Los generadores que venden energía a Air-e también abastecen otras regiones y necesitan mantener suficiente capacidad financiera para continuar operando.

Por esta razón, una ruptura prolongada de la cadena de pagos puede trasladar el riesgo desde una comercializadora hacia el conjunto del mercado.

Este es el principal argumento utilizado para justificar que el Gobierno intervenga temporalmente mediante recursos nacionales.

Generación térmica es crítica durante la temporada seca

El momento de la intervención presupuestal es especialmente importante por la evolución de El Niño.

Si los embalses disminuyen durante los próximos meses, las térmicas tendrán que aumentar su generación para conservar las reservas de agua.

Esto requerirá mayores compras de gas, carbón y combustibles líquidos.

Una crisis de liquidez entre comercializadores y generadores podría dificultar ese proceso y elevar el riesgo para la confiabilidad.

Plan Energía YA reúne medidas financieras y operativas

El traslado también se enmarca dentro del denominado Plan Energía YA.

La estrategia combina acciones inmediatas para garantizar liquidez con medidas orientadas a fortalecer contratos, administrar embalses, aumentar la disponibilidad térmica y promover ahorro.

El Gobierno sostiene que estas medidas deben implementarse simultáneamente porque la confiabilidad no depende de una sola variable.

Agua, combustibles, generación, transmisión, contratos y finanzas forman parte de un mismo sistema.

Proyecto fue radicado con mensaje de urgencia

El Ejecutivo solicitó un trámite acelerado en el Congreso mediante mensaje de urgencia.

La razón expuesta es que los recursos deben estar disponibles mientras continúa la temporada de El Niño y aumenta la necesidad de generación térmica.

La presentación del proyecto no significa que los $1,2 billones ya estén aprobados.

El Congreso deberá estudiar la iniciativa y decidir sobre el traslado presupuestal propuesto.

Los primeros $300.000 millones ya fueron girados

Mientras se tramita el proyecto, el Gobierno informó que ya ejecutó el primer componente del paquete anunciado en agosto.

Hacienda giró aproximadamente $300.000 millones como parte de las medidas inmediatas para atender deuda corriente con los generadores térmicos.

De ser aprobado el proyecto de ley, los $1,2 billones restantes completarían los $1,5 billones comprometidos.

El reto es evitar que la crisis financiera se vuelva energética

El problema que intenta contener la iniciativa es principalmente financiero, pero puede tener consecuencias operativas.

Si las empresas generadoras no reciben pagos y enfrentan dificultades para adquirir combustible, la cantidad de energía realmente disponible puede disminuir.

Por eso, el objetivo inmediato es mantener la cadena funcionando mientras se discute una transformación de mayor alcance para el mercado eléctrico del Caribe.

Una solución estructural seguirá pendiente

Incluso si el Congreso aprueba el traslado, las dificultades estructurales continuarán requiriendo atención.

Air-e deberá resolver su elevado endeudamiento, mejorar recaudo, reducir pérdidas y recuperar capacidad de inversión.

Paralelamente, el país tendrá que fortalecer los contratos de energía, modernizar infraestructura y establecer mecanismos que permitan financiar el servicio sin depender continuamente de ayudas extraordinarias.

El propio Gobierno ha reconocido que los $1,2 billones son una respuesta transitoria y no la solución definitiva.

Congreso tendrá la decisión sobre los recursos

La siguiente etapa estará en manos del Legislativo.

El proyecto de ley 401 de 2026 deberá superar el trámite correspondiente antes de que pueda realizarse la modificación presupuestal.

Durante ese proceso, el Congreso podrá analizar la procedencia de los recursos, su destinación y las condiciones bajo las cuales serían administrados.

Hasta que el proyecto sea aprobado y sancionado, los $1,2 billones deben entenderse como un traslado propuesto y no como recursos definitivamente disponibles para el sistema.

El Gobierno Nacional radicó con mensaje de urgencia el proyecto de ley 401 de 2026 para trasladar $1,2 billones del presupuesto vigente hacia la atención temporal de obligaciones del sistema eléctrico del Caribe. La iniciativa contempla obtener $750.000 millones de partidas del Ministerio de Hacienda y $450.000 millones del Ministerio de Minas y Energía. Los recursos serían administrados por la Superintendencia de Servicios Públicos a través del Fondo Empresarial y no quedarían a libre disposición de Air-e. Si el Congreso aprueba el traslado, el monto se sumaría a los $300.000 millones ya girados para completar el paquete de $1,5 billones anunciado por el Gobierno para enfrentar las presiones financieras del sector durante El Niño.